Tras conocerse la imputación de tres médicos del sanatorio Migone con relación a la muerte del niño Renato Rojas Talavera, el abogado Ricardo Preda, representante del centro asistencial afirmó que aún no se conformó la junta médica que solicitaron desde un principio y que la Fiscalía no puede aún establecer la causa de muerte sin embargo ya está tomando decisiones como la imputación.

Afirmó que el hecho punible de omisión de auxilio es no salvar de la muerte o de un daño mayor a la integridad física y para afirmar eso primero se debe establecer cuál fue el resultado y en ese caso que es la muerte aún no fue establecido qué exactamente la motivó.

Sobre lo que puede observarse en los vídeos de circuito cerrado cuando la mamá de Renato, Macarena Talavera pide auxilio y los tres médicos imputados no reaccionan, Preda dijo que las tomas del circuito no muestran el ángulo donde el paciente está siendo atendido por personal de blanco y que eran otros los médicos que iban con el paciente ante cada requerimiento de la madre.

“Cuando concluya la investigación se sabrá si la muerte del chico puede ser penalmente atribuida y si la investigación establece que es una muerte que no se podía evitar”, afirmó en contacto con Radio Mil.

Consideró “intolerable” que se desvíe la atención pretendiendo que la persecución penal es contra la persona jurídica o establecer responsabilidad objetivo cuando uno no puede ser responsable de la conducta de otras personas.

El Ministerio Público imputó ayer los médicos María de Fátima Bastos A, José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera R. por omisión de auxilio en el caso del niño Renato Rojas Talavera quien falleció el 20 de agosto pasado en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone. La investigación prosigue y está a cargo de las agentes fiscales Sara Torres y Natalia Silva.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

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Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

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Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.